Evolución fiscal de los vehículos eléctricos – España y Europa
En los últimos años, Europa ha sido testigo de una acelerada evolución en sus políticas de movilidad sostenible, con cada país adoptando distintos enfoques para promover el uso de vehículos eléctricos (BEV) y reducir las emisiones de carbono. España, por ejemplo, lanzó el Plan MOVES III, extendido hasta julio de 2024, con una dotación de hasta 800 millones de euros para subvencionar la compra de BEV y la instalación de puntos de carga. Este plan ofrece hasta 9.000€ por vehículo, buscando acelerar la transición hacia una movilidad más limpia. Sin embargo, la complejidad burocrática ha limitado su impacto, señalando la importancia de simplificar los procesos para una adopción más amplia. Recientemente, el Gobierno ha indicado que existe un compromiso para solventar los principales obstáculos administrativos de la ayuda.
La Agencia Tributaria de España aprobó medidas fiscales que benefician a los contribuyentes con una deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos. Esta deducción se aplica a la adquisición de una amplia gama de vehículos eléctricos, y es válida para compras realizadas entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. El descuento máximo que se puede obtener es de 3.000€, basado en una base máxima de deducción de 20.000€. Además, se ofrece una deducción adicional del 15% por instalar puntos de recarga en propiedades del beneficiario, con un ahorro máximo de 600 euros, promoviendo la infraestructura de carga. Los usuarios podrán beneficiarse simultáneamente de esta deducción y de las ayudas Moves III.
Además, la introducción de la Ley de Movilidad Sostenible en España marca otro paso importante, exigiendo a las empresas con más de 500 empleados desarrollar planes de movilidad que promuevan opciones de movilidad eléctrica, alternativa y compartida. Este enfoque legislativo refleja una tendencia creciente en España hacia la integración de la sostenibilidad en la planificación corporativa y urbana.
Al observar el panorama europeo, se destacan varias iniciativas nacionales. Francia, por ejemplo, ha ajustado su sistema de penalizaciones ecológicas, estableciendo bonificaciones exclusivas para BEV que cumplan con criterios ambientales específicos. Se imponen tasas más estrictas para vehículos con emisiones de CO₂ superiores a 118gr/km. Se ha introducido también una medida basada en el peso, que penaliza especialmente a partir de 1,6 toneladas. Esta medida busca no solo incentivar la adopción de BEV, sino también asegurar que su producción y uso sean sostenibles.
Alemania, por otro lado, ha terminado su apoyo financiero directo para la compra de BEV, confiando en descuentos ofrecidos por los fabricantes. Esta decisión subraya un cambio hacia políticas que promuevan la sostenibilidad sin subvenciones gubernamentales directas, potencialmente indicando una maduración del mercado de vehículo eléctrico.
La diversidad de enfoques en Europa refleja la complejidad de transitar hacia una movilidad sostenible. Mientras algunos países optan por incentivos financieros directos, otros se enfocan en legislación y regulaciones que promuevan cambios a largo plazo en el comportamiento de consumidores y empresas. Esta variedad ofrece una oportunidad para aprender de diferentes experimentos políticos y adaptar las mejores prácticas a nivel nacional y regional.
Además, la evolución fiscal y legislativa en materia de movilidad sostenible en Europa destaca la importancia de considerar la movilidad dentro de un marco más amplio. La próxima Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea (CSRD, por sus siglas en inglés), que hará obligatorio el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero para empresas que ya presentaban el Estado de Información No Financiera (con un espectro que se irá acotando y afectará cada vez a más entidades), es un ejemplo de cómo la movilidad está siendo integrada en agendas de sostenibilidad más amplias.
